El decreto de urgencia publicado entre gallos y medianoche por el régimen transitorio de José Jerí, encauza a la empresa estatal Petróleos del Perú (Petroperú) a su inminente privatización, aunque el Gobierno lo niegue. «Este decreto usa textualmente el Decreto Legislativo 674, que fue la base legal de toda la privatización durante el gobierno de Fujimori. Tratan de evitar la palabra privatización usando unidades de valor y figuras disimuladas, pero está diseñado para llevar adelante ese proceso«, aseguró Aurelio Ochoa, expresidente de Perupetro.
El primer efecto inmediato será la drástica reducción de personal, que alcanzará a más de la mitad de su planilla en los próximos 30 días.
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El universo laboral de Petroperú asciende a unos 2.600 trabajadores, y la reorganización interna prevista en el decreto derivará el despido de entre 1.500 a 1.800 empleados. La medida dejaría a la empresa con alrededor de 600 trabajadores para sostener todas sus operaciones en todo el país. Para concretar ello, el decreto autorizó un aporte de capital de hasta S/240 millones a fin de financiar los compromisos laborales derivados de los ceses masivos.
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