La empresaria Dina Bustinza encabeza una denuncia sobre despidos irregulares que ha recibido el respaldo de otros antiguos colaboradores. El informe acusatorio dirigido contra Boluarte será remitido al Ministerio Público
Dina Bustinza, quien previamente había sido socia y formaba parte del Consejo Directivo en dos periodos consecutivos, encabeza una denuncia que ha ganado apoyo de numerosos exmiembros. Estos últimos habían sido expulsados de manera irregular en 2019 debido a su oposición a la dirección de la abogada, quien posteriormente asumió la posición de máxima autoridad del estado luego del intento fallido de golpe por parte de su predecesor es por eso que la mandataria Dina Boluarte renunció a presidencia del Club Apurímac.
“Después de su primera gestión, algunos no estuvimos de acuerdo con el manejo que ella tenía con el club. Se reeligió. Los que no le caíamos bien, como ella es abogada, vio que habíamos dejado de pagar y buscó la excusa para sacarnos”, señaló.
En el programa se presentó un informe que los denunciantes tienen la intención de enviar al Ministerio Público, el cual implica a Boluarte en la expulsión del 60% de los miembros asociados.
Estas expulsiones se llevaron a cabo sin respetar el proceso adecuado, ya que se efectuaron debido a retrasos en el pago de cuotas, aunque el estatuto del Club Apurímac claramente establece que esta medida sancionatoria se aplica únicamente a aquellos que tienen deudas pendientes durante un año seguido, después de un proceso que pasa por el Tribunal de Honor en una segunda instancia.
“¿Cómo me saca de la intuición por no haber pagado dos meses? En tal caso, primero hay un tema de prevención que se debió comunicar a mí y a todos los expulsados, somos un montón. Es una cosa no solo injusta, sino incorrecta”, consideró Bustinza.
El documento que se enviará a la Fiscalía también incluye detalles sobre la presunta incorporación irregular de 60 nuevos miembros al club, un acto que se llevó a cabo de manera poco transparente. Boluarte supuestamente buscaba asegurar una mayoría para ser reelegida durante el período 2019-2020. Estos nuevos miembros no cumplían con los requisitos establecidos por el reglamento. Esta «colaboración» ya había sido señalada previamente en el semanario Hildebrandt en sus Trece.
Una vez en el cargo gubernamental, Boluarte pidió un permiso y designó a Gladys Delgado como presidenta interina. Sin embargo, esta medida resulta potencialmente inconstitucional, ya que, según expertos, los ministros están impedidos de asumir de manera simultánea el liderazgo en una entidad privada o gestionar empresas y organizaciones sin fines de lucro.
En el mes de junio del año 2022, el congresista Jorge Montoya, perteneciente al partido político Renovación Popular, planteó una solicitud de interpelación. Su argumento se basó en que la posición de liderazgo en el Club Apurímac contravenía el artículo 126 de la Constitución, fundamentándose en la supremacía constitucional establecida en el artículo 51.
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En ese mismo informe, Bustinza también formuló acusaciones dirigidas a la política, señalando que utilizó las instalaciones del club durante la campaña de Perú Libre. Incluso mencionó que Castillo y la excandidata Verónica Mendoza firmaron una alianza en la sede de Jesús María. Bustinza añadió que las instalaciones no deberían ser empleadas para asuntos políticos y expresó haber observado a personal incluso usando indumentaria de Perú Libre, incluyendo a la secretaria.
Hasta el momento, la líder está siendo objeto de una pesquisa legal relacionada con las fatalidades ocurridas durante las manifestaciones en contra del gobierno, así como por las acusaciones de plagio en dos obras que fueron incluidas en su historial académico para su postulación a un puesto en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
