‘Gordo Choy’ fue arrestado la misma semana en que el Gobierno promulgó un decreto legislativo que establece penas de hasta 30 años de prisión por el hurto de dispositivos móviles
Jesús Mamani Huallpa, también conocido como ‘Gordo Choy’, fue detenido con 21 iPhones robados en San Juan de Lurigancho la misma semana en que el Gobierno promulgó un decreto legislativo que establece penas de hasta 30 años de prisión por el robo de teléfonos móviles.
Sin embargo, días después, el acusado optó por un acuerdo de terminación anticipada y fue condenado a tres años de prisión suspendida, lo que significa que no irá a prisión, a pesar de ser reincidente, según un informe difundido este domingo en Cuarto Poder.
Hace tres años, ‘Gordo Choy’ fue detenido como parte de una banda criminal que tenía armas de fuego, y posteriormente fue condenado a cuatro años de prisión suspendida, una medida legal a la que volvió a acceder después de admitir los cargos.
Aunque ahora está nuevamente en libertad, su arresto al menos permitió que tres de las víctimas recuperaran sus teléfonos móviles robados por la delincuencia, dos de los cuales sufrieron incluso retiros irregulares en sus cuentas bancarias.
La Policía también ha logrado identificar a otros tres dueños de los teléfonos, específicamente Francesco Sandoval, Omar Ruiz y Ariana Rengifo, pero hasta el momento no han logrado localizarlos para la devolución de los dispositivos. Según el informe del dominical, los otros 15 iPhones habían tenido alterado el código IMEI, que es un número de identificación único a nivel mundial que diferencia a cada teléfono celular, y se les había asignado otro número en su lugar.
Para abordar esta cuestión, el Gobierno ha modificado el Código Penal, estableciendo penas de hasta 30 años de prisión por el robo de teléfonos móviles. El Ministro del Interior, Vicente Romero, expresó su confianza en que estas medidas drásticas y rigurosas serán eficaces para reducir la delincuencia.
La norma, recién oficializada, indica que el robo del “equipo terminal móvil, teléfono celular, equipo o aparato de telecomunicaciones, red o sistemas de telecomunicaciones u otro bien de naturaleza similar” se condenará con una pena privativa de libertad no menor de 12 ni mayor de 20 años.
En el caso de robos en los que se empleen materiales o artefactos explosivos, vehículos motorizados, se causen lesiones a la integridad física o mental de la víctima, deje a la víctima o a su familia en grave situación económica, o se abuse de la incapacidad física o mental de la víctima, así como cuando se utilicen drogas, insumos químicos o fármacos contra la víctima, la pena privativa de libertad será no menor de 20 ni mayor de 30 años.
En San Juan de Lurigancho, donde fue arrestado el individuo conocido como ‘Gordo Choy’, se ha decretado un estado de emergencia. Esta medida también ha sido implementada en otras áreas, como San Martín de Porres, Lince y el Cercado de Lima, debido al aumento de la delincuencia organizada, la trata de personas y las extorsiones en estos lugares.
Bajo esta declaración de emergencia, se suspenden temporalmente algunos derechos constitucionales, como el de libre tránsito y la inviolabilidad de domicilio. Además, se establece la restricción de la actividad comercial desde la medianoche hasta las cuatro de la madrugada.
