En los últimos nueve años, España ha registrado 13 casos de mutilación genital femenina, una práctica prohibida y castigada penalmente. Según cifras oficiales del Gobierno español, 11 de las víctimas eran menores de edad, lo que evidencia el alto riesgo que enfrentan niñas nacidas en territorio europeo o con raíces extranjeras.
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La información se conoció a través de una respuesta parlamentaria a una solicitud del grupo Vox. El año con mayor incidencia fue 2023, con cuatro menores afectadas, seguido de 2019, con tres casos. Aunque el fenómeno es considerado marginal, el Ejecutivo insiste en reforzar la protección de las víctimas mediante legislación específica y protocolos preventivos.
Unas 18.000 niñas están en peligro de sufrir mutilación genital femenina cada año en España, y más de 180.000 mujeres y niñas ya han sido víctimas de esta forma de violencia contra las mujeres, muchas de ellas nacidas en Europa.
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Este tipo de violencia sexual está contemplado en el artículo 149.2 del Código Penal, con penas de seis a doce años de prisión. Si la víctima es menor o tiene una discapacidad, puede imponerse una inhabilitación especial para ejercer la patria potestad, tutela o acogimiento, entre otros.
