Delia Espinoza no cumple aún cuatro meses en el cargo. No hay institución con la que no haya confrontado, afectando la imagen del Ministerio Público.
Delia Espinoza Valenzuela juró como fiscal de la Nación el 8 de noviembre comprometiéndose a fortalecer la imagen institucional y la confianza ciudadana. Faltando pocos días para cumplir cuatro meses en el cargo, un balance preliminar evidencia más sombras que luces en su corta gestión, en la que ha convertido a la institución.
Constitucionalmente debería defender la legalidad, en un ente confrontacional con el Congreso, el Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional (TC), la Junta de Fiscales Supremos —que ella preside— y, como cereza del pastel, en un actor más de la campaña electoral 2026.
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Su decisión de iniciar indagaciones preliminares por presunta conducta antidemocrática contra Fuerza Popular y País para Todos con base en denuncias sin sustento. Así lo han advertido constitucionalistas y de filtrar mediáticamente los procesos, sin conocimiento de los partidos involucrados.
Esto justo un día después de la convocatoria oficial a los comicios pese a que la decisión se tomó un mes antes ha puesto los proyectores, una vez más, sobre la fiscal de la Nación. Más aún tras conocerse que la demanda contra País para Todos. Esto por la postura a favor de la pena de muerte de su militante, el humorista Carlos Álvarez.
Esta fue interpuesta por Javier Sulca Cáceres, un antaurista que fue condenado a 16 años de cárcel por su participación en el ‘Andahuaylazo’ de 2005. En la catátrofe que fueron asesinados cuatro policías. Con fusil en mano pretendió con esa asonada, junto a su líder Antauro Humala, tirarse abajo las bases del sistema democrático.
