La presidenta Dina Boluarte aún no ha fijado una posición sobre el proceso especial de colaboración eficaz, que fue debilitado por el Congreso de la República hace 11 días. Juristas e instituciones han advertido que establecer un plazo de 8 meses para acordar una colaboración pone en riesgo casos emblemáticos como el caso Lava Jato.
Según la Constitución, Boluarte tiene la facultad de observar la norma y plantear objeciones al texto aprobado por el Congreso. Sin embargo, la autógrafa aún no ha sido remitida al Poder Ejecutivo.
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El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, han expresado que estudiarán la norma antes de fijar una posición. Maurate aseguró que no serán instrumentos para perjudicar la lucha contra el crimen organizado.
