El 12 de abril pasado la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú (PNP) inició la incautación de los bienes e inmuebles que están vinculados a Joaquín Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular, quien es investigado por el presunto delito de lavado de activos. Empezó por los locales de la Universidad Alas Peruanas en Lima y continuó en días posteriores en otras regiones del país como Cajamarca, Piura, Trujillo y Ayacucho, entre otros.
A casi un mes de estas diligencias, la defensa legal del alcalde provincial de Cajamarca ha presentado una apelación para que los 256 propiedades que le despojaron vuelvan a su poder. Según se supo, Ramírez elevó un recurso ante el Poder Judicial para cuestionar la legitimidad y la constitucionalidad de la medida adoptada por el Cuarto Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria.
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El exhombre de confianza de Keiko Fujimori ha señalado que la medida de incautación y desposesión de los bienes no ha sido suficientemente fundamentada. Incluso, consideró como innecesario esto porque citó que Registros Públicos no le permite desde marzo del 2021 que haga una transferencia de los mismos por una orden judicial.
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