El proceso de licitación y ejecución del tramo 2 de la línea 1 del metro de Lima ocasionó al Estado Peruano un perjuicio de al menos US$20’665.644, según un informe de auditoría de la Contraloría General de la República.
La auditoría de la contraloría investigó todas las etapas de este segundo tramo y determinó –entre sus primeras conclusiones– que el consorcio de Odebrecht y Graña y Montero resultó “favorecido pese a que incumplió con lo estipulado en las bases, no presentó análisis de gastos generales, transgredió el derecho de vías” y “no cumplió con las exploraciones a la profundidad mínima exigible”.
