Tiempos de corrección

Tiempos de corrección

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redactor: Armando Campos

Una guerrilla de chismes y contrachismes se ha desatado en torno a Oscar López Meneses, persona que durante el régimen de Fujimori apareció en medios del gobierno como el típico adulador y entrometido, tal como se ha ido revelando a través de procesos penales contra diferentes ex jefes militares y civiles.

La personalidad de este sujeto es tan elocuente que no causa asombro que haya tenido la oportunidad de toparse con cuanta persona le resultase interesante. El hecho de que afirma haber conocido al ministro Urresti cuando era coronel y que éste le habría pedido una recomendación para al ascenso a general durante el gobierno de Fujimori, lo pintan de cuerpo entero como indeseable.

Sea cierto o no, porque el ministro ha dicho que no lo conoce, no es suficiente argumento como para echar barro a un funcionario del Estado que hasta el momento cumple una acertada labor frente a un ministerio tan complejo como resulta el Ministerio del Interior, precisamente donde se concentra la lucha contra el delito y en especial contra el narcotráfico y la corrupción.

Pero por encima de todo este embrollo mediático, sigo sosteniendo que estos personajes como López Meneses no llegan más allá de significar una especie de arlequines en medio de una realidad indiscutible: El Perú se debate en dos frentes ideológicos. El primero, es el oficial donde los protagonistas del sistema liberal (léase corrupción) se canibalizan unos a otros; el segundo frente es la subversión que se fortalece en aparente calma, alimentándose de las barbaridades del actual régimen de gobierno.

En síntesis el Perú sigue viviendo las consecuencias de la senderización y de la corrupción. Dos extremos nada buenos para el país que nos pueden conducir a una confrontación brutal y espantosa.

A este caldo de cultivo se condimenta con el eficaz pronóstico que nuestra economía va a empezar a retraerse aún más a partir de enero, cuando los bancos empiecen a clamar ante los tribunales por la alta morosidad de la población consumista (en el momento ya son 200 mil ciudadanos morosos y un millón ochocientos mil están por serlo), y cuando la violencia callejera se convierta en una necesidad de sobrevivencia.

Muchas dificultades entonces afrontarán los partidos políticos al iniciar su campaña hacia las elecciones del 2016, pues las promesas caerán en saco roto porque su descrédito se ha apoderado de la población.

Pese a todo, éste no es un anticipo de un panorama desolador, pues aún se puede atinar a una salida correcta a fin de devolver la confianza a inversionistas y trabajadores. La inyección de más de doce mil millones de dólares en infraestructura puede resultar como una tabla salvadora en medio de la tormenta y la progresiva restitución de los derechos laborales puede mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

También se debe proceder a la captura de cabecillas de la corrupción en la clandestinidad y de todos los que resulten responsables. Igualmente se debe modificar la elección de magistrados a fin de evitar que tanto a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía de la Nación lleguen personas indeseables, no idóneas como las actuales.

Aún hay esperanzas de evitar que el país se descalabre socialmente.

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