Fujimori en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

0
336
Miguel Soria Fuerte
Miguel Soria Fuerte

Por: Miguel Soria Fuerte
Magister en Derecho Penal
Profesor en Derechos Humanos de 
Universidad San Martín de Porres

Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos convocó a las partes de los casos Barrios Altos y La Cantuta a una audiencia pública de supervisión de cumplimiento de sentencia para determinar si el indulto humanitario concedido al ex presidente Alberto Fujimori Fujimori es compatible o no con las obligaciones establecidas en las sentencias de los citados casos, referidas a la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de derechos humanos establecidas en ellas.

Ante dicha convocatoria, el ex presidente Fujimori designó a su abogado defensor para que compareciera ante la Corte Interamericana para la “defensa personal” de sus derechos. Sin embargo, la posibilidad “defensa personal” le está negada por no ser parte en ninguno de los casos Barrios Altos y La Cantuta.

En aplicación de las normas procesales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en las audiencias sobre el cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana, participan con legitimidad procesal solo las representantes de las víctimas de violaciones de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado declarado responsable.

Por ello, en la audiencia convocada para febrero del presente año, solo podrán participar el Instituto de Defensa Legal y la Asociación Pro Derechos Humanos, como representantes de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, la Comisión Interamericana y el Estado peruano.

Sin embargo, la defensa del ex presidente Fujimori puede participar como “fuente de información”. En efecto, de acuerdo con el artículo 69.2 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Corte podrá requerir a otras fuentes de información datos relevantes sobre el caso, que permitan apreciar el cumplimiento. Ello, aunque permite cierta apertura para aportar información, no supone la posibilidad de comparecer para defender sus derechos.

En todo caso, será el Estado peruano, la parte que deberá defender la compatibilidad del indulto humanitario con sus obligaciones internacionales de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta, materia sobre la cual la Corte Interamericana aún no ha tenido oportunidad de pronunciarse.

Sobre la materia, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha sido constante en señalar, entre otros, que los Estados deberán abstenerse de recurrir a figuras como el indulto, así como medidas que pretendan suprimir los efectos de una sentencia condenatoria. No obstante, en el Derecho Penal Internacional, los Estatutos para los Tribunales Penales para la Ex Yugoslavia (Artículo 28) y Rwanda (Artículo 27) permiten la posibilidad que los Estados otorguen el indulto a las personas condenadas y que estén privadas de libertad por crímenes de lesa humanidad, genocidio y de guerra. El Derecho internacional debe aplicarse de forma armoniosa y, en esa labor, la Corte Interamericana tiene el deber de pronunciarse sobre las citadas disposiciones.

Finalmente, no es cierto, como se ha afirmado por algunos juristas, que la concesión del indulto humanitario sea una obligación internacional del Estado peruano prevista en las Convenciones contra la Tortura de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, aunque si la pena privativa de libertad la convierte en una pena cruel, inhumana o degradante, cabe la posibilidad de que los Estados puedan aplicar el indulto o la conmutación de la pena. Hasta la próxima semana.